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Acostumbrado a despertar cada día con un cielo azul, manantiales cristalinos, bosques llenos de vida y el sonido alegre de las aves, Pedro se levanta una mañana en su comunidad indígena natal para observar cómo los árboles se convierten en camiones de carga, los animales huyen asustados ante una invasión humana total, los cenotes son perforados y el cielo se vuelve gris.
“Ya no sé si tengo esperanza, mi esperanza está astillada, rota y sellada dentro de cada uno de los cenotes [cavernas subterráneas llenas de agua] que se han pavimentado para permitir el paso del tren”. "Es lamentable, pero no veo un futuro prometedor".
Esta situación es la que muchas personas en México vivieron durante el recién inaugurado proyecto del Tren Maya, un proyecto que ha sido catalogado como ecocidio por amplios sectores ambientalistas, activistas y grupos indígenas.
El ecocidio se refiere al daño masivo y la destrucción de ecosistemas a corto o largo plazo (BBVA, 2024). La urgencia de proteger el medio ambiente ha generado un gran impacto en la sociedad, de manera que el término ecocidio comienza a ser reconocido como un delito internacional de grave impacto ambiental, reflejando una preocupación global (Zaira Ramírez & Tammara Ramírez, 2020; Fernández, 2017). Aunque aún no está tipificado como crimen internacional, existe una creciente presión para que organismos como la Corte Penal Internacional lo incluyan en sus estatutos, facilitando la apelación local ante la justicia internacional (Moribe, Bastos y França, 2023). De lograrse, este sería un paso importante para dar voz a las víctimas locales frente a las catástrofes ambientales producidas bajo la bandera del progreso y la modernización.
Ecocidio en el contexto mexicano:
La regulación del ecocidio en México aún está en desarrollo. Aunque se han hecho propuestas para tipificarlo como crimen a nivel federal, esto solo se ha materializado en algunos pocos estados. Chiapas, por ejemplo, incluyó el ecocidio en su código penal en 2020, con penas de 5 a 20 años; Jalisco lo hizo en 2022 (Fundación Solón, 2021; StopEcocidio, 2022). En octubre de 2023, el Congreso de la Ciudad de México también reforzó su regulación ante el ecocidio, resaltando la importancia de proteger el medio ambiente (Zaira Ramírez & Tammara Ramírez, 2020; Hogan Lovells, 2020).
Sin embargo, algunos expertos han argumentado que estas regulaciones podrían excluir actos cometidos por el gobierno y por corporaciones transnacionales, actores que frecuentemente han sido señalados por comunidades como responsables de crímenes contra el medio ambiente (Zaira Ramírez & Tammara Ramírez, 2020).
Caso: El Tren Maya
Uno de los proyectos más controversiales del gobierno mexicano en los últimos años es el Tren Maya, un megaproyecto de infraestructura para mejorar la movilidad en el sureste de México a través de trenes turísticos y líneas ferroviarias mejoradas. Según estimaciones, el megaproyecto ha triplicado la extracción de materiales y cuadruplicado el crecimiento económico regional, pero también ha causado impactos severos en la región que podrían agravar el estrés hídrico en la zona (Lenin Jiménez, 2021, p. 2-4; Eduardo Romero, María Torregrosa, et al, 2023, p. 227-230).
Desde su inicio, este megaproyecto presentó irregularidades y controversias, ya que los territorios donde se construyó violaron disposiciones federales en materia de impacto ambiental y derechos humanos. La gran variedad de ambientes, causada por la interacción entre la geomorfología, la hidrología y el clima, ha dado como resultado que el sureste mexicano sea una de las zonas ecológicas con mayor diversidad biológica y cultural de México, activos socioambientales que han sido vulnerados por el megaproyecto, según la voz de activistas y comunidades indígenas locales.
En el territorio donde se construye el Tren Maya, había 25.4 millones de hectáreas de selva, de las cuales actualmente quedan 4 millones de hectáreas, una reducción atribuida al megaproyecto del Tren Maya (FORBES, 2023). La falta de planeación y conocimiento del territorio llevó a afectar al ecosistema, comprometiendo incluso cuevas naturales al introducir 17,000 pilotes de 1.2 metros de diámetro a 25 metros de profundidad para sostener las obras del tren, lo que implicó perforar acuíferos de la región (FORBES, 2023).
Ambientalistas argumentan que uno de los principales problemas del proyecto fue su prematura conclusión, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó inaugurar el proyecto entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, lo que llevó a omitir procedimientos preventivos. Durante el proyecto, se afectó la vida de múltiples especies esenciales, junto con la tala de más de 10 millones de árboles, reduciendo el ecosistema a más de la mitad (FORBES, 2023), con consecuencias para el futuro socioambiental de la región.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que el 50% de la superficie de los estados por donde pasará el Tren Maya está compuesta por más de 1,500 núcleos agrarios, y que un proyecto de esta escala puede acelerar el deterioro ambiental y aumentar la conflictividad social.
En la ruta del Tren Maya se encuentran:
15 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.
20 Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal.
49 Zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1 Reserva Ecológica Municipal que surte el 50% del agua de Mérida.
24 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Entre las áreas protegidas se encuentra la Reserva de la Biosfera Calakmul, con la mayor diversidad de la península de Yucatán, el mayor macizo forestal de México y la mayor población de jaguares. Dadas estas características, es evidente que el megaproyecto afectará los servicios ambientales de estos ecosistemas (Eduardo Romero, María Torregrosa, et al, 2023, p. 231-232).
Este megaproyecto también ha generado tensiones sociopolíticas al impactar negativamente las formas de vida y los recursos naturales de las comunidades indígenas, lo que podría provocar conflictos entre locales, gobierno, sector privado y organizaciones ambientales. La región, valiosa por su biodiversidad y reserva biocultural indígena, debería ser preservada, no destruida (Eduardo Romero, María Torregrosa, et al., 2023, pp. 231-232, 253-254).
Tendencias y posibles escenarios
La participación comunitaria es esencial para el éxito de los proyectos de restauración costera, ya que las percepciones y conocimientos locales son clave en la gobernanza y toma de decisiones (Méndez y Martínez, et al, 2018, p. 51). El caso de proyectos con una alta huella socioambiental, como el Tren Maya, nos lleva a una pregunta más profunda acerca del futuro ambiental de México: ¿Qué podría pasar en los próximos años ante las tendencias de crisis climática y las actividades humanas irresponsables?
Según estimaciones, para el año 2100, la población mundial podría crecer a 11,000 millones de habitantes (ECOZAP, 2023). Una sobrepoblación requiere una mayor producción de alimentos, agua y energía para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, pero los recursos naturales disponibles son cada vez más escasos (Méndez Toribio et al., s.f.).
México es uno de los cinco países con mayor diversidad biológica, con 864 especies de reptiles y 564 de mamíferos, muchas de ellas endémicas. Además, México ocupa el cuarto lugar en riqueza de plantas vasculares y el tercer lugar en angiospermas, con 23,314 especies de plantas, de las cuales 11,600 son endémicas (Méndez Toribio et al., s.f.).
Estas características, sin embargo, están en peligro debido a las tendencias de los últimos años:
1. Pérdida de biodiversidad
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente determinó que México es uno de los 12 países megadiversos que albergan el 70% de las especies del planeta, ocupando el cuarto lugar en diversidad biológica y el tercero en biodiversidad de ecosistemas, además de contar con un mar propio (el mar de Cortés) (Badii et al, 2015, p. 156-159).
La variedad de climas contribuye a la existencia de distintos ecosistemas y una heterogeneidad de hábitats, que se han visto afectados por actividades como la introducción de especies invasoras. Sin embargo, según la FAO (2020), México ha perdido anualmente alrededor del 0.7% de sus bosques primarios desde 1990 hasta 2015, lo que equivale al 25.7% en 25 años (Méndez Toribio et al., s.f.).
Se estima que el cambio climático impactará gravemente a México, con más del 50% de las 376 especies de anfibios endémicas en riesgo de extinción masiva y una posible reducción del 67% en el bosque mesófilo de montaña para 2030 (Méndez Toribio et al., s.f.).
2. Deforestación creciente
La deforestación es la transformación de las coberturas naturales con fines de uso forestal, agrícola o ganadero (Edgar Gregorio, 2016, p. 3; Badii et al, 2015, p. 165). En 2013, se calculó que el 50% de los bosques del mundo habían desaparecido y que 76 países habían perdido completamente sus bosques nativos; además, SEMARNAT calificó a México con el cuarto lugar en mayor diversidad forestal (Cristóbal Magaña, 2013, p. 112-114).
Desde 1970 hasta principios de los años 90, México perdió 29,765 km² de bosques y selvas. Entre 1993 y 2000, la deforestación aumentó a 54,306 km², con tasas anuales que subieron de 175,000 ha a 319,000 ha. Para 2002, solo quedaba el 17.5% de los 18 millones de hectáreas de bosques tropicales. Las tasas de deforestación han variado entre 370,000 ha y 1.5 millones de ha anuales. Estimaciones recientes sugieren una pérdida anual de aproximadamente 155,000 ha (Cristóbal Magaña, 2013).
En 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ubicó a México en séptimo lugar en deforestación, tomando en consideración los insumos cartográficos del INEGI, así como el monitoreo de CONAFOR. Las últimas tendencias indican que las estimaciones de las tasas de deforestación en el país son limitadas, debido a la tala ilegal (CONAFOR, 2018, p. 1-6; CONAFOR, 2018, p. 4-12; Edgar Gregorio, 2016, p. 3-4).
Se estima además que en México, entre 2001 y 2018, se perdieron en promedio 212,070 hectáreas al año, con el valor máximo alcanzado en 2016 (CONAFOR, 2018, p. 4-12; Edgar Gregorio, 2016, p. 3-4).
Figura 1. Tasas anuales de deforestación bruta a nivel nacional para el periodo 2001-2018 en México.
La principal causa de esta deforestación es la expansión agrícola y urbana, que afecta la biodiversidad en sus niveles genético, específico y ecosistémico, y amenaza los hábitats y la provisión de alimentos para las especies. México alberga 46 de las 100 especies invasoras más perjudiciales del mundo, que alteran las interacciones entre especies y el funcionamiento de los ecosistemas (Méndez Toribio et al., s.f.).
Escenarios al 2040: Entre la catástrofe ambiental y las voces de esperanza
Ante el impacto del ecocidio y las tendencias actuales, es posible visualizar futuros alternativos para la biodiversidad y los ecosistemas naturales de México. Considerando los cambios de los últimos años, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad, se pueden anticipar los efectos que estos escenarios tendrán en la población mexicana. Cada futuro potencial revela implicaciones para la sociedad.
Escenario 1: Futuro de crecimiento
En un escenario donde el progreso industrial sigue una trayectoria de crecimiento desmedido, México continúa su desarrollo económico y tecnológico, con proyectos de gran envergadura como el Tren Maya y la expansión de una ferroviaría mucho más ambiciosa a nivel federal. Los ecosistemas son sacrificados en nombre del desarrollo, siendo sustituidos por áreas urbanas y agrícolas. El aumento en la producción y comercialización incrementa los índices de contaminación, mientras que la implementación de la legislación contra el ecocidio es débil (Universidad de Valencia, 2016). Especies endémicas del país desaparecen, siendo víctimas de la destrucción de sus hábitats naturales y de la deforestación.
Escenario 2: Futuro de colapso
En un futuro de colapso, sin medidas para proteger la biodiversidad en México, la deforestación masiva y la extinción de especies provocan un choque ambiental y social, causando un daño irreversible. La degradación de los ecosistemas reduce la disponibilidad de recursos esenciales como agua limpia, aire puro y alimentos, afectando gravemente la salud y calidad de vida de las comunidades rurales, que enfrentarán desplazamiento y pobreza debido a la destrucción de su entorno. México experimenta una pérdida inmensa de biodiversidad y recursos naturales, esenciales para sectores económicos como el turismo y la agricultura.
Escenario 3: Futuro de constricción
En un escenario alternativo, se vislumbra el futuro de una sociedad bajo un gobierno más centralizado y disciplinado, que se dedica a imponer regulaciones y políticas estrictas para combatir las amenazas ambientales que podrían impactar la estabilidad económica del país. Al reconocer que esto beneficia a la nación, se refuerzan las leyes contra el ecocidio y se establecen mecanismos adecuados y efectivos para la implementación de dichas regulaciones. Asimismo, se intensifica la participación local y la cooperación internacional en la protección de la biodiversidad, así como en la gestión de residuos y en la restauración ecológica (Universidad de Valencia, 2016). No obstante, la conservación natural viene con un gran sacrificio que se traduce con en el peso severo de la ley sobre aquellos que directa e indirectamente afectan el ecosistema, causando tensiones en ciertos grupos sociales y económicos dependientes de la explotación natural.
Escenario 4: Futuro transformador
Al reconocer la debilidad de las regulaciones ambientales y la impunidad hacia quienes cometen ecocidios en el país, también se puede imaginar un futuro transformador en el que la sociedad mexicana prioriza la conservación de la naturaleza. A través de una participación social activa y una reinterpretación del concepto de crecimiento económico, la política ambiental se reconfigura como un principio de gran utilidad y regeneración social. En este escenario, la conciencia y preparación para enfrentar la crisis ambiental se fortalecen, lo que conduce a una implementación efectiva de políticas y leyes para la conservación natural y la protección de la biodiversidad en todos los estados de la república. Las prácticas sostenibles en la agricultura y la pesca se convierten en la norma, y México asume un compromiso firme con la protección y preservación de su biodiversidad (Toledo, 2015).
Escenario 5: Futuro integrador
En un futuro pragmático, México reconoce la importancia de un crecimiento económico que no comprometa la conservación de su riqueza natural. Se implementan leyes y normativas que promueven la adopción de prácticas sostenibles, fomentando una coexistencia equilibrada entre desarrollo y sostenibilidad. En este escenario, se prioriza la expansión de áreas protegidas para garantizar la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad del país. Además, se adoptan medidas y prácticas sostenibles en sectores clave como la agricultura y el turismo, lo que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también garantiza la protección del medio ambiente para las generaciones futuras. Este enfoque integral permite a México avanzar hacia un desarrollo más equilibrado y consciente, donde el progreso económico y la conservación ambiental se convierten en pilares esenciales para el bienestar de la sociedad (OBELA, s.f.).
Conclusión
La devastación ambiental en México, reflejada en la pérdida de bosques, selvas y biodiversidad, subraya la urgencia de reconocer y actuar sobre el ecocidio como crimen internacional, al tiempo que se evalúa cuidadosamente la necesidad de invertir en megaproyectos de infraestructura y movilidad que prometen beneficios a largo plazo. La alta tasa de deforestación provocada por proyectos como el Tren Maya no solo ejemplifica la destrucción de ecosistemas, sino que también afecta profundamente la cultura de las comunidades indígenas. Es necesario un marco legal robusto que responsabilice a los culpables y proteja los recursos naturales esenciales para la vida.
La catalogación del ecocidio como crimen puede contribuir significativamente a frenar el daño ambiental al establecer consecuencias y exigir medidas de restauración. La protección legal del medio ambiente y la participación comunitaria son esenciales para alcanzar un futuro sostenible, reforzando el compromiso del gobierno y la sociedad para preservar y rescatar la biodiversidad del país y del mundo.
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